El año 2026 nos encuentra frente a un escenario paradójico. Si bien la cresta de la ola de antisemitismo que siguió al 7 de octubre de 2023 parece haber disminuido en algunos ámbitos, el problema está lejos de haberse superado.
Por el contrario, el piso de antisemitismo socialmente aceptado es hoy considerablemente más alto que antes. Lo vemos en presidentes de la región, como Gustavo Petro, que se permiten expresiones antisemitas que hasta hace pocos años hubieran sido impensables, y en universidades latinoamericanas que reproducen algunas de las peores conductas antisemitas observadas en sus pares de América del Norte. Son solo dos ejemplos, entre muchos otros, de hasta dónde se ha corrido el límite de lo socialmente tolerable.
En este contexto, la lucha contra el antisemitismo no puede limitarse a reaccionar frente a los episodios más visibles. Es necesario fortalecer las políticas públicas e involucrar a los Estados y a las sociedades en una tarea que durante demasiado tiempo fue considerada un asunto exclusivo de las comunidades judías.
Por eso, la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) constituye un hito para nuestro país y para toda América Latina.
La IHRA es un organismo intergubernamental que reúne a representantes de sus países miembros y a expertos para trabajar en pos de la memoria y la educación sobre el Holocausto y el genocidio de los Roma.
Lo particular de esta organización es que no se trata de una institución judía. Los gobiernos que la integran, todos ellos democráticos, entienden que la memoria del Holocausto, la prevención del antisemitismo y la defensa de la convivencia no son responsabilidades de las comunidades judías, sino de cada sociedad y de la comunidad internacional en su conjunto.
Argentina participa ininterrumpidamente de la IHRA desde 2002 y es miembro pleno desde 2006. Es, además, el único país latinoamericano con esta condición. A lo largo de 24 años y bajo gobiernos de distintos signos políticos, el país mantuvo su compromiso con la organización y su misión, consolidando una política de Estado. En el actual contexto de polarización política, esta continuidad adquiere un valor aún mayor.